Por Gustavo Pisani. Becario Doctoral Conicet, miembro del Colectivo de Ecología Política del Sur.
La criminalización de la protesta popular, la persecución policial y la judicialización de lxs asambleístas y manifestantes, el allanamiento de sus casas, la militarización del territorio, el artificio ideológico y mediático de reducir los hechos a delitos contra la propiedad y vandalismo, a actos de mera violencia llevados a cabo por “grupos de fundamentalistas sin ideología” (como decía un diputado), negando no sólo la dimensión política y social de los acontecimientos, sino la existencia misma de sentido, de racionalidad a estos actos, son algunos de los hechos lamentables que nos llevan a preguntarnos por la existencia real de la “democracia”.
- Antes que nada, la excesiva licencia o liviandad en el tratamiento de los hechos, como si no existiese de fondo un conflicto territorial que lleva más de diez años sin resolver, en una ciudad dividida, fracturada por la minera en dos bandos, con lo que muy difícilmente se puede hablar de una “paz” que haya sido rota. Antes bien, pues, lo que hay es un estado de guerra subyacente, en la que las organizaciones populares han venido resistiendo como han podido los empujes de los grandes intereses políticos y económicos que buscan su desorganización, su disgregación, su regreso al estado de serialidad, de masificación. Cosa que hasta ahora no han podido, a pesar de que las restricciones de la pandemia han significado sin duda un gran atraso para los movimientos y organizaciones populares respecto al establecimiento del modelo extractivista minero por parte del Estado provincial y nacional. El bloqueo a los camiones en la ruta de Choya vino a significar, en este sentido, un acto de resistencia de los pueblos al saqueo, y los acontecimientos subsiguientes tienen que ser interpretados en estos términos políticos, no como delitos contra la propiedad y aún la democracia.
- En segundo lugar, ¿de qué democracia estamos hablando si el mismo Estado en Andalgalá es quien viola los derechos civiles y las garantías constitucionales? Hace años que en Andalgalá no hay estado de derecho sino un estado de policía, en el que la fiscal sale en defensa de los intereses de una empresa extranjera antes que en defensa de los derechos civiles, librando órdenes de detención y requisa en forma arbitraria y judicializando la protesta popular. Arbitrariedad jurídica que, por otro lado, ya no sorprende o escandaliza a nadie en Andalgalá: estos excesos, atribuciones extraordinarias y parcialidad son moneda corriente en la ciudad, en la que el Estado municipal y provincial ha estado de hecho implicado en la conformación de contragrupos promineros, grupos de existencia esporádica, fantasma, de carácter paraestatal que se conforman a partir del “precariado” y el clientelismo político del Estado y cuya función política es la de desarticular los movimientos y actos políticos de las organizaciones populares, llegando incluso a colocar la ciudad entera bajo estado de sitio como ocurrió en el año 2012. A lo que hay que agregar el poder administrativo coactivo de la policía, que en nombre del “orden público” o la “seguridad ciudadana” y bajo la ampliación de sus facultades en cartas orgánicas provinciales o bien en situaciones excepcionales (como ahora durante la epidemia), puede recurrir a interrogatorios en la vía pública, detenciones por averiguación de identidad o antecedentes, detenciones en masa, razzias, investigación ilegales de lxs ciudadanxs bajo presunción de delito, etc., lo que supone una retracción y erosión de los derechos humanos de la población civil de Andalgalá. Existe, en este sentido, una complicidad administrativa entre la policía y la esfera judicial, convirtiendo determinados acontecimientos (como el apedreamiento e incendio de las oficinas de Yamana Gold) en hechos jurídicos, recurriendo incluso a procedimientos policiales fraguados. Es decir, que hablamos de un saber policial, en el que se aplican técnicas precisas de tratamiento de los hechos para que estos puedan ingresar en el campo jurídico, con lo que la policía interviene en la primera definición o carátula de los fenómenos jurídicos, como una mirada u olfato policial que busca reunir las pruebas que sustentan la conformación del sujeto como sospechoso que es, justamente, donde se produce el conjunto de evidencias o bien el simulacro de las mismas: en el caso de los procedimientos fraguados, las pruebas aportadas, antes que comprobar los hechos, son producidas con la finalidad de generar una versión oficial del delito que sea verosímil para el campo jurídico, con lo que los hecho no sólo son interpretados sino que también son producidos materialmente. Luego, este saber policial transforma al sujeto sospechoso en culpable a través de la creación de condiciones de verosimilitud en las que también, por otro lado, también incide la opinión pública. En suma, pues, si analizamos la realidad social existente y el modus operandi de la justicia y la policía, difícilmente también se puede hablar de una democracia que se haya visto disminuida por los hechos en cuestión.
- Con lo que tenemos que concluir que la democracia, lo mismo que la separación de los poderes (poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial), no es más que una representación, una ficción ideológica. Es decir, todxs sabemos de las complicidades que existen entre las esferas política, jurídica y legislativa en la sociedad catamarqueña, de la oscura red de relaciones entre las familias patricias, de los acuerdos, los intercambios de favores, de las relaciones de parentesco y la falta de mérito de los nombramientos políticos, de los acomodos, de las concesiones, de los negocios, del tráfico de influencias, de los enriquecimientos ilícitos, la especulación inmobiliaria, etc., en una palabra, de que nuestra sociedad es una sociedad corrupta gobernada por sujetos corruptos, lo que responde a la lógica de las relaciones personales antes que a la lógica institucional (la racionalidad burocrática weberiana), pero seguimos creyendo que existe una democracia a la que unas cuantas pedradas pusieron en peligro. O que Aldo en su bicicleta, quijote del Aconquija, representa una amenaza terrorista. Este desgarramiento de vestiduras en nombre de una democracia inexistente, este discurso de los “extremistas violentos” no puede sostenerse sino desconociendo los hechos pasados, tomándolo como un hecho aislado y negando su sentido político. Es más, yendo más lejos, podría pensarse como una escena de democracia popular ante la ausencia de derecho existente. Es decir, detrás de las imágenes de las noticias, hay una larga lucha territorial, sostenida a través de 583 caminatas semanales por la vida y el agua, que lleva consigo múltiples hechos de violencia física y simbólica que están inscritos en la memoria colectiva y en los cuerpos de lxs compañerxs. Realidad que está muy lejos de las apreciaciones del gobernador Jalil de que “Catamarca logró superar la discusión sobre minería sí o minería no” (Página 12, 6/3/21), lo que nos dice al menos dos cosas: que las resistencias al modelo extractivo minero son pensadas por el gobierno sólo como trabas al “desarrollo” y que esa supuesta discusión (o síntesis, en términos dialécticos) nunca tuvo lugar, y la simple negación de la realidad no es igual a su superación: sólo es su negación. ¡Libertad inmediata para todxs lxs detenidos por el Estado minero, por la autocracia minera!
Imagen: La izquierda diario